Referente de la Izquierda Dominicana
Coyuntura, política a seguir y programa mínimo
(Proyecto de Comisión para la discusión el 8 de enero)
Caracterización de la realidad económica y social. Política a seguir:
La característica principal hoy día de la economía dominicana es su alta dependencia del exterior, principalmente de la economía de Estados Unidos de América, como lo muestran los datos del Banco Central. Por ejemplo, las inversiones extranjeras directas, (promedio 3,000 millones de dólares al año, más de la mitad norteamericana), constituye un sostén del empleo y las exportaciones; la visita de turistas, en su mayoría norteamericanos, es otro sostén del empleo, el consumo y más de 7.000 millones en divisas; las remesas, por su parte, de más de 10,000 millones de dólares al año, son vitales para la demanda interna; el consumo interno de bienes industriales, depende de más de 32,000 millones de dólares de las importaciones, que triplica las exportaciones, resultando en gran déficit de la balanza comercial. Todo, porque la industria nacional y todo el aparato productivo es mantenido en un estado muy débil y poco competitivo.
En la agricultura se da un nivel de subsistencia, por la poca cantidad de tierra y limitados recursos de los campesinos. Este sector tiene baja tecnología, lleno de contradicciones e irracionalidades; Por ejemplo, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, se encuentra concentrada en 6 provincias, con hegemonía de 12 productos, de los cuales uno solo, el arroz, tiene el 33% de las tierras en producción, usando el 70% del agua de riego; otro producto, la caña de azúcar, ocupa una cantidad cercana a los 3 millones de tareas, a cargo de solo cuatro poseedores, En cuanto a la ganadería, esta es atrasada, ocupando tantas tierras como la agricultura. La nueva agricultura (invernaderos) concentrada solo en dos provincias (La Vega y Ocoa), no está al alcance de los pequeños campesinos por la inversión requerida. Todo esto crea grandes desigualdades, pero al no existir un movimiento campesino cohesionado y coordinado no se expresa en luchas importantes por los derechos de los productores del campo.
En cuanto a la propiedad de la tierra, según el último censo agropecuario de 1982 había 63 fincas de más de 16,000 tareas, que era el 0.6% de las fincas, poseyendo 4,719,937 tareas para un 25% de todas las tierras agrícolas; y, en el último balance, que es el pre censo agropecuario de 2015, había 3,629 unidades agrícolas de más de 800 tareas (1.4% de unas 300,000 unidades), con más de 5 millones de tareas, donde una sola propiedad (Central Romana) tiene 1,200,000 tareas. Entre 1982 y 2015 la concentración de la propiedad de la tierra se mantuvo prácticamente igual, pasando el Estado a tener una menor cantidad. Privatización y concentración que ha fortalecido a capitalistas agrarios y urbanos con el apoyo de los pasados y el presente gobierno, incentivando la pobreza.
Por el lado de los servicios, estos han aumentado su importancia en la economía, aportando ya el 67% del PIB, frente al 27% de la industria y el 6% de la agricultura (Banco Central 2019). Esto representa una debilidad de la economía, pues los servicios crean menos riqueza que la producción material; además, los servicios son vulnerables al contener muchas actividades especulativas que no crean riqueza; de igual modo, muchos de sus empleos son inestable y mal pagos, incentivando una economía informal precaria y de subsistencia de más de un millón de adultos, que genera pobreza y más desigualdad.
La otra característica de la actual sociedad dominicana es que un grupo reducido de empresas y grupos empresariales tienen dominio de la economía y concentran la mayoría de las riquezas. Se trata de solo 2,414 empresas con más de 150 trabajadores cada una, para un 2.64% del total de empresas registradas en la DGII. De estas hay solo 518 empresas que tienen más de 500 trabajadores (0.57% de las empresas) y cuatro con más de 5,000 empleados. Este grupo de patronos, aunque pequeño, agrupado en el CONEP, COPARDON y la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjeras (con más de 70 empresas y una inversión superior a US$20,000 millones de dólares), es el determinante en la economía, porque a través de los precios de los factores de producción, bienes y servicios que imponen (salarios, tasa de interés, energía, materiales de construcción, otros costos y precios), determinan buena parte de los precios en toda la economía. Determinan, también, la tasa media de ganancia y la tasa de explotación, condicionando todo el mercado capitalista y el ritmo de acumulación. Hay otra concentración empresarial y del capital, que es la geográfica, estando el 65% de las empresas en el Distrito Nacional (31,000), en la provincia de Santo Domingo (14,000) y en Santiago (14,000): 59,000 empresas de unas 90,000 registradas en la TSS.
Ese grupo de capitalistas que explota y dirige constituye el verdadero bloque dominante a enfrentar por el pueblo trabajador y la izquierda revolucionaria.
En ausencia de burguesía nacional se amplía el entreguismo
y generaliza el conservadurismo:
La vieja disputa entre los supuestos empresarios liberales nacionales (nacionalistas) de la Zona Industrial de Herrera y otros productores, frente a los empresarios conservadores, básicamente terratenientes e importadores (disputa política entre el PRD y el PRSC de los 60 y 70), desapareció. Ahora, los grandes productores, a veces exportadores, se hicieron también importadores y se aliaron al capital internacional (Corripio, Vicini, Brache, León Jiménez, Brugal, Ramos, Gonzales, Alcalá, Barletta, etc.). Ese bloque desnacionalizado, relacionado familiar y accionariamente, se mezcló en todos los negocios financieros, creándose una oligarquía empresarial-financiera, oligopólica y monopólica, que a medida multiplicó sus capitales se fueron haciendo más conservadores, entreguista y neoliberal. Estos grupos, al copar la economía, coparon la política tradicional demagógica y sus partidos, sea directa o indirectamente, colocando sus piezas y sus ideas conservadoras en los partidos y los gabinetes de gobiernos. Esos grupos y sus partidos no representan lo nacional ni las ideas democráticas.
Ese proceso de desnacionalización económica, origina la ausencia de una burguesía nacional, que se agrupe por intereses locales autónomos, basados en la producción y mercados internos, que, aunque teniendo relaciones comerciales con el exterior, defienda el interés dominicano. Incluso, empresas que mercadeaban el “orgullo dominicano”, como Cervecería Nacional Dominicana, Brugal, Barceló, fueron adquiridas por el capital extranjero. Aquí no hay, ni siquiera, grupos económicos reducidos dentro de la burguesía dominicana que puedan ser calificados de nacionales, aunque existan algunos burgueses aislados con tinte nacional a título personal, no como sector empresarial, ya que las actividades empresariales de estos y las modalidades de acumulación dependen de factores externos: inversiones, materias primas, importaciones, transporte marítimo, maquinarias, tecnologías, marcas, franquicias, relaciones bancarias, etc.
No existiendo esa burguesía nacional, tampoco existen sus expresiones políticas burguesas que defiendan el interés dominicano, como son los casos del PRM, PLD, FP, sumisos al gobierno norteamericano, a la Unión Europea y sus embajadas. Por eso, tampoco existe aquí un real Estado de derecho burgués liberal, sino, conservador, de derecha y despótico, donde la ley no es igual para todos, A las leyes les dejan brechas a propósito para beneficiar a quienes las hacen o mandan a hacerlas. A esto se le suma que la dictadura económica de la oligarquía patronal origina una gran explotación, desigualdad, violación de derechos, exclusión y discriminación de las mujeres, jóvenes, discapacitados y otros sectores vulnerables.
Las mujeres, especialmente, están sometidas a un estado generalizado de violencia y muerte, más desempleadas, bajos salarios, violándoseles los derechos sobre su cuerpo y excluidas de los cargos importantes. Los jóvenes, el sector más numeroso de la población, es el de mayor desempleo, inducido a la droga y a la delincuencia, con un 34% que ni estudian ni trabajan (Banco Mundial).
Esta realidad es estructural del capitalismo dominicano, por lo cual la burguesía se entrecruzará cada vez más al capital internacional. Para la izquierda y todos los sectores democráticos de lo que se trata es entonces, no de colaborar con la burguesía para llevarla a la defensa de lo nacional, esfuerzo ilusorio, sino, que el interés nacional, como parte de la soberanía dominicana, estatal y popular, es una tarea que forma parte del programa de la revolución democrática y socialista dominicana.
La coyuntura en el plano social y político y política a seguir:
En cuanto al sistema socio-político, compuesto, por un lado, por los partidos tradicionales de derecha, sus organizaciones sociales, intelectuales orgánicos, el régimen político y el presente gobierno; y, por el otro, integrado por las organizaciones democráticas y anti sistema, se advierte, en cuanto al primer bloque, este se ha concentrado y entrelazado con los intereses extranjeros, los partidos burgueses y aliados se han inclinado cada vez más hacia la derecha, el neoliberalismo, el conservadurismo y el clientelismo. Mantienen y amplían la concentración política en el Presidente de la Republica, afectando la autonomía de los gobiernos locales, con una concentración regional en la ciudad capital.
El PRSC, PRD, PLD, PRM, FP y los partidos “bisagras o minoritarios que les apoyan, que en un cuatrienio se unen con unos y en otro cuatrienio se unen con otros, representan el mismo bloque gobernante que hacen al Estado cada vez más burocrático, costoso e infuncional y un medio para enriquecerse. De ahí que, a pesar de las potencialidades naturales y humanas de esta media isla, siguen sin resolverse problemas históricos claves para el bienestar del pueblo trabajador, como son la salud, la educación, servicio de electricidad y la seguridad ciudadana.
Estos partidos son financiados y dirigidos cada vez más por una plutocracia o gobierno de los ricos, empezando por el Presidente de la República con su gran fortuna offshore de más de 3,000 millones de pesos, así como ministros, senadores y otros funcionarios. De igual modo, han creado una cleptocracia (gobierno de los corruptos), como pasó con el PRSC, PRD y PLD, creando una cultura corrupta gubernamental, que en este gobierno sigue vigente, como es el caso sintomático de la Policía Nacional, entre otros.
Como los patronos, los ricos, hijos, nietos o apoderados de las familias oligárquicas, están ocupando puestos en los gobiernos, el sistema político tiene ahora una oligarquía “CONEPIANA” directamente en el Palacio Nacional, fusionada al PRM y a sus multimillonarios palaciegos, funcionarios y legisladores. Por esa composición, la cúpula de la partidocracia tradicional dominicana es conservadora, por origen e intereses, y hasta reaccionaria, promoviendo antivalores como la xenofobia y violación de derechos, incluyendo los de inmigrantes haitianos que mucho aportan a la economía dominicana.
En cuanto a sus bases partidarias, tampoco existen corrientes o tendencias programáticas liberal-democráticas-socialdemócratas, sino, que son abrumadoramente clientelares y no son captables a posiciones avanzadas, permaneciendo en esos partidos por la expectativa de que le toque parte del pastel o simplemente para conservar empleos y “botellas”.
Por el otro lado, en el bloque alternativo, algunos grupos políticos que se denominan de izquierda, a pesar de que las evidencias de lo apuntado más arriba son elocuentes, estos se han dejado utilizar por esos partidos de derecha en varios procesos electorales, el último en 2020. Algunos terminaron fusionados o sus principales dirigentes fueron cooptados por esos partidos de la oligarquía. La historia empezó a repetirse a inicios de 2022 con otra modalidad, que es el diálogo hueco convocado por el Presidente Abinader con partidos y sociedad civil, con la promesa de hacer algunas reformas en el Estado, incluyendo la reforma constitucional. En ese diálogo, acelerado o ralentizado según las coyunturas, la derecha, sus partidos y organizaciones sociales afines son una mayoría aplastante, y no hay nada que hacer ahí.
Valorando la coyuntura política por los discursos, cuando se va a los programas de gobierno, discursos y promesas de campaña, proyectos de leyes, decretos y al presupuesto público, se encontrará incoherencia técnica y política y muchos adornos demagógicos. Entre los aspectos ideológicos está el contradictorio discurso de la ética burguesa que incentiva el ahorro, trabajo, superación, valores familiares, cuando el sistema crea un contexto de estrechez salarial, corrupción, exclusión y delincuencia. Está, también, el discurso gubernamental de la transparencia, el cual se ha convertido en un discurso de moda, obligado para los políticos del sistema, por la presión internacional y ciudadana, pero, a diario le brota la opacidad de la que se beneficia la derecha nacional.
El PRM y Luis Abinader se pusieron a tono con el discurso anti corrupción de la Marcha Verde, que fue clave en su victoria en 2020, acontecimiento relevante de esta coyuntura donde el PRM pasa a ser el partido gobernante. Sin embargo, el sistema de corrupción instaurado, público y privado, pesa más que las palabras e impide la supuesta transparencia, como han sido los casos del Ministerio de Educación, Ministerio de la Presidencia, Programa Solidaridad, Programas Especiales, Ministerio de la Juventud, Ministerio de Educación, entre otros.
Una manera del aparente apego del actual del gobierno actual a ese discurso ético burgués, es diciendo que deja manos libres al Ministerio Público para que persiga la corrupción, básicamente del gobierno pasado, y que ese hecho sería el acontecimiento estatal más significativo del presente. Sin embargo, de nuevo, se trata de un ardid. Lo primero es que se mantienen los fiscales seleccionados por la estructura corrupta del anterior gobierno; lo segundo es que este gobierno no entrega los recursos que por ley le corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) para realizar su trabajo de investigación. Para el 2023 el presupuesto de la PGR será tan solo de 6,542 millones de pesos, menor que en 2022, cuando por la ley 194-04 le corresponde13,539.0 millones de pesos.
Esas son evidencias fehacientes de que el discurso ético, lo mismo que el discurso de los derechos formales, dentro del andamiaje jurídico y político burgués, no pasa de ser un asunto de ocasión parcial, de ocasión y demagógico. En el caso presente, el gobierno, la oposición burguesa y todo su andamiaje dominante, se limitan a criticar el uso ilícito y no transparente de los fondos públicos, pero, resulta que hay usos de muchos fondos públicos que son legales pero anti éticos y, por tanto, de esencia corrupta, de los cuales no se habla. Como ejemplo se puede citar la muy desigual escala salarial de los funcionarios, el gasto irracional en una estructura estatal ampulosa y duplicada, el reparto de fondos a legisladores y a los partidos, la excesiva publicidad gubernamental de promoción personal, la contratación discrecional del empleo público, las exenciones fiscales a las grandes empresas, la permisibilidad al deterioro ambiental. Todo eso y mucho más tienen componentes éticos y legales que el PRM y el gobierno no tocan ni van a tocar por su esencia capitalista.
Por el otro lado, el bloque social dominado, si bien está integrado por miles de organizaciones sociales, profesionales, de productores y comunitarias que en ocasiones se manifiestan defendiendo sus derechos con el respaldo de la izquierda, no tiene un programa y una política diferenciadora para contrarrestar el engaño al pueblo, situación que la izquierda no ha estado a la altura para educar al movimiento social acerca de quién es su amigo y quién su enemigo. De igual modo, la organización sindical de los asalariados es mínima, y la que existe está controlada por centrales amarillas y dirigentes corrompidos. Hay una gran desconexión orgánica del movimiento social nacional. Tampoco existe un hilo conductor en las consignas generales, reivindicativas y políticas, que solo puede ser aportado por una fuerza revolucionaria. Esta es una de las razones por la cual, pese a realizarse muchas jornadas reivindicativas, estas son muy esporádicas e inestables; los reclamos y protestan se inflan y desinflan, muchas veces sin conseguir sus objetivos. El otro elemento distorsionador de las luchas sociales es el electoralismo en que el sistema político tradicional envuelve a una parte importante de la población, esperanzada en conseguir algo vía el clientelismo o las promesas de la próxima gestión.
Por eso, la coyuntura política dominicana está muy influenciada por las coyunturas electorales, donde se da una disputa dentro del sistema conservador oligárquico. Ahí se generan, a veces, crisis y contradicciones políticas dentro del bloque dominante que, al final, se resuelven en función de sus intereses, por la similitud conservadora de los partidos y el tutelaje de la oligarquía y el imperio. Aun así, se advierte el desgaste, descrédito, división y transfuguismo en esos partidos. Esto ha ocurrido con el PRSC, el PRD, el PLD y sus bisagras, y, de seguro va a ocurrir con el PRM y la FP. Ese descrédito y deterioro progresivo debe ser aprovechado en todos los escenarios por la izquierda.
Esta situación presenta una gran oportunidad para que las fuerzas socialistas obtengan espacios de poder y todo el poder junto al pueblo trabajador, profesionales, pequeños y medianos productores. Para esto es muy importante que esta corriente supere su dispersión orgánica, ideológica y política, y presente una propuesta política alternativa hacia una sociedad desarrollada, con sostenibilidad ambiental, que reciba los frutos del trabajo, primando la propiedad social frente al lucro de la gran empresa capitalista, con descentralización en el gobierno municipal, en derechos y libertad, partiendo del interés general, la igualdad de género y humana, solidaridad y el poder popular.
PROGRAMA DE GOBIERNO A APLICAR
OBJETIVOS GENERALES:
- Transformación del actual Estado capitalista oligárquico, patriarcal, entreguista, centralizado, burocrático y corrupto en un Estado democrático, revolucionario y socialista.
- Construcción de un nuevo modelo de democracia política que sea la expresión de los intereses del bloque social constituido por los trabajadores, pequeños y medianos propietarios y todas las personas que asuman el proceso de construcción de la democracia proletaria.
- Apoderar a las comunidades territoriales y grupos sectoriales para su participación en los poderes nacionales y locales, para la definición y ejecución de los planes y políticas públicas en beneficio de la mayoría trabajadora.
- Organizar un modelo económico basado en la propiedad social pública, cooperativa, asociativa y solidaria en general, que elimine el desempleo, desconcentre la riqueza, cree igualdad social y equidad retributiva, que respalde la independencia económica y política, garantice la seguridad alimentaria, mercados estables y precios justos.
- Construir una sociedad sin analfabetismo funcional y tecnológico, redistribución social del ingreso, sin pobreza, sin discriminación por razones de color, edad, preferencia sexual, condición física, con igualdad y equidad de sexo y de género, cohesión política, social y territorial, universalidad de los servicios básicos, desarrollo artístico y cultural y la práctica de valores humanistas universales.
- Forjar un territorio nacional protegido ante los riesgos climáticos y ambientales, donde el Estado asegure un uso racional, científico y sostenible a todos los recursos renovables y no renovables, reconociendo los derechos de la naturaleza y las futuras generaciones, y la necesidad de que las comunidades y las personas ejerzan el control social y acusatorio frente a los depredadores y contaminadores.
- Política de amistad y cooperación entre los pueblos, empezando con el vecino pueblo haitiano, con solidaridad internacional oportuna, defendiendo el principio de no intervención entre los Estados y la paz mundial.
PROGRAMA MINIMO TRANSFORMADOR:
- Establecer y convocar la Asamblea Nacional Constituyente, la cual elegirá constituyentes por voto directo que asumirán la función de aprobar una nueva Constitución de la República, para instaurar un nuevo modelo de Estado garante de la democracia directa, soberanista, descentralizado, con paridad de género, inclusivo y garantista de derechos fundamentales, con un gobierno no presidencialista ni caudillista, donde primen los órganos colectivos, para la construcción del socialismo.
- Se propondrá y velará por el establecimiento de un Congreso Legislativo de una sola cámara, con mayoría de una representación de las organizaciones sociales reconocidas y mayoritarias, según su existencia nacional, regional y municipal, garantizando la paridad de género; más una representación partidaria elegida por voto directo en una circunscripción nacional.
- Creación de las Asambleas Populares Municipales, las cuales tendrán derecho a participación electoral y a iniciativa legislativa en los Concejos de Regidores, así como el derecho de someter a referéndum la aprobación o rechazo de asuntos de interés municipal, cuyo resultado será vinculante para los Concejos de Regidores y las alcandías.
- Redistribuir y priorizar las mejores tierras para la producción de alimentos y materias primas; creación de los complejos cooperativos agroindustriales; una industria nacional con el uso de las modernas tecnologías y materias primas locales de calidad; aprobación de una Ley de Economía Social y Popular, que regule el principio de que la propiedad tiene una función social, impida monopolios, oligopolios, cárteles y la posición dominante en los mercados; organización y apoyo de los pequeños y medianos productores en cooperativas y otras formas de economía solidaria, con transparencia de costos, precios y calidad.
- Regulación y control de la inversión extranjera donde el Estado tenga una participación accionaria, estableciéndose convenios de transferencia de tecnología al país y regulando la reinversión de una parte de las ganancias anuales.
- Establecer un ingreso laboral mínimo, nominal-real, así como una renta básica por familia, igual al costo de la canasta familiar, aplicada de manera progresiva según las características de cada sector económico, revisable cada año, en función de la inflación, lo cual eliminará la pobreza.
- Transformar todo el sistema de salud, a partir del principio socialista de una salud universal y gratuita garantizada por el Estado, lo cual implica la eliminación de todos los seguros médicos, con la excepción para visitantes extranjeros y casos especiales. El sistema de salud descansará en la prevención, las Unidades de Atención Primaria y en los servicios brindados por los establecimientos de salud del Estado, el cual adquirirá, también, una parte de los modernos establecimientos privados, todos siendo renovados en su modelo administrativo y capacidades de servicios; la contribución que hoy aportan patronos y asalariados al seguro médico se destinará a la cotización para las pensiones, las cuales s administrarán por entidades jurídicas sin fines de lucro.
- Producir una reforma educativa que garantice una educación pública de calidad internacional, laica, obligatoria hasta el bachillerato; que realce los valores patrióticos y humanistas; con un currículo integral y diversificado, que contendrá la formación científica, técnica, humanidades y artística; con administración descentralizada junto a los gobiernos locales y las Juntas de Centros Educativos; con la meta de eliminar el analfabetismo funcional y tecnológico, llevar al país en 10 años a un nivel educativo promedio de 12 grados; ampliar y fortalecer el nivel superior con altos niveles de investigación y científico.
- Convertir el sector energético nacional a tener una mayoría accionaria estatal, invirtiendo en el aumento de la generación de energía limpia (eólica, solar, biomasa, hidrógeno), la renovación de las redes de alta tensión y distribución, teniendo las empresas energéticas públicas los empleados estrictamente necesarios.
- Convertir el trabajo de todos los dominicanos y dominicanas, incluidas las personas discapacitadas o con capacidades especiales, con los programas de empleo del Estado y los que haga el sector privado, los gobiernos locales y la economía solidaria en coordinación con el Estado, en una actividad no solo justamente retribuida económicamente, sino en un mecanismo para la educación media y universitaria, para la inclusión de la juventud y las mujeres, en un instrumento de la seguridad ciudadana, así como un valor moral del cual cada persona se sienta orgullosa.
- Reestructurar el sistema tributario, a partir de los principios de la simplicidad administrativa y de las tasas, y de que paga más el que gana más; eliminando en algunos casos, y bajando en otros, los impuestos al consumo como el ITBIS; convertir la evasión de impuestos en un crimen. Para sostener y ampliar los ingresos del Estado se llevará a cabo un programa de recuperación de bienes del Estado en manos de particulares de manera irregular, así como la eliminación de exenciones que ya agotaron el plazo según las leyes que las crearon o que crean privilegios a sectores privados.
- Creación de la Comisión de la Verdad para investigar crímenes no esclarecidos y/o no castigados desde 1966, que rescate la memoria histórica y dé satisfacción a todos los afectados y a la sociedad.
Distrito Nacional, 23 de diciembre de 2022.
Nota: Este documento se envía por consenso de cinco integrantes de la Comisión seleccionada para esos fines. El compañero Héctor Hernández comunicó que no está comprometido con esta propuesta. El compañero Fahín no tuvo ninguna reacción al respecto. Ambos, podrán presentar sus puntos de vistas en la plenaria del día 8 de enero.